Koldo Casla
Investigador sobre los derechos a la vivienda y a la salud. Amnistía Internacional - Sección Española
Este artículo fue publicado en OpenGlobalRights (Open Democracy)
Amnesty International 2017 (All rights reserved)
Si Virginia Woolf reclamaba una habitación propia para escribir literatura (y para mucho más), Paula reclama un lugar al que poder llamar hogar para vivir su vida y criar a sus hijos. Pero políticas ineficaces le cierran el paso. Paula no es sino una de las miles de mujeres que no pueden salir de la trampa de la vivienda insegura tras un desahucio.
Más de 30.000 familias protagonizaron un desahucio por impago del alquiler el año pasado, al igual que el anterior, y el anterior. El número de familias afectadas por desalojos de origen hipotecario no es muy inferior.
Un desahucio es una experiencia traumática para cualquiera, pero Amnistía Internacional ha documentado que las mujeres lo sufren de manera diferente, y más frecuentemente. Las mujeres están sobrerrepresentadas en los trabajos a jornada parcial, se encuentran en la parte inferior de la brecha salarial, y con frecuencia se hacen cargo de las responsabilidades de cuidado familiar. Las familias monoparentales, predominantemente encabezadas por mujeres (en más de ocho de cada diez casos), suelen vivir en pisos de alquiler. Las estadísticas oficiales muestran que las mujeres en España se enfrentan a tasas más altas de pobreza, exclusión social y privación material.
Miembros de Amnistía Internacional entrevistamos a 19 mujeres y cuatro hombres que o bien habían pasado por un desahucio o corrían el riesgo de ser desahuciadas en un futuro próximo. Al menos siete de ellas lamentaron que durante el proceso el juez no mostró interés por sus circunstancias personales. “No tuvimos ocasión de explicarle nuestra situación”, nos dijo Ana. Una jueza de Barcelona nos lo confirmó: “Cuando recibimos una demanda de desahucio, no tenemos ni la menor idea de quién está viviendo allá”.
Paula, víctima de violencia de género y madre de una chica adolescente y de dos niños, fue desahuciada de una vivienda pública que fue vendida por la Agencia de la Vivienda Social de Madrid a un fondo de inversión en 2013, junto con casi 3.000 propiedades más. Con la inestabilidad del trabajo precario, Paula se vio incapaz de pagar todas sus facturas. La orden de desahucio no tardó en llegar. “Mi hija dejó una nota a los nuevos inquilinos pidiéndoles que dejaran quedarnos en casa. Mi hijo de cinco años todavía me pregunta cuándo vamos a volver”. A día de hoy, Paula y su familia siguen a la espera de una solución por parte de las autoridades madrileñas.
La mayoría de las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional señalaron que desde servicios sociales les recomendaron mudarse con sus padres, familiares o amigos. Esto es así incluso en el caso de mujeres con hijos a cargo. Trabajadoras sociales municipales nos explicaron que esto se debe a la falta de recursos. En ocasiones pueden recomendarles que alquilen una habitación en el mercado libre, ofreciéndose a cubrir los gastos. Sin embargo, esta opción no siempre es satisfactoria para madres solteras y para mujeres con responsabilidades de cuidado familiar, y tampoco es justo para los menores.
Las víctimas de violencia de género están aún más expuestas a las consecuencias de la falta de recursos y la falta de coordinación entre servicios sociales y servicios de vivienda. Pese a que la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 considera a las víctimas de esta forma de violencia como un colectivo prioritario en el acceso a vivienda protegida, las autoridades en la Comunidad de Madrid condicionan dicho trato a la existencia de una sentencia condenatoria o de una orden de protección. Esto supone que en la práctica la mayoría de las víctimas de violencia no reciben el apoyo necesario para satisfacer su derecho a la vivienda. Es alentador que, apenas tres semanas después de la publicación del informe de Amnistía Internacional, el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya anunciado que va a poner fin a esta interpretación restrictiva de la ley. Ahora bien, dado el pequeño tamaño del parque público de vivienda, incluso las víctimas de violencia de género que cuentan con una orden de protección o con una sentencia se ven forzadas a esperar durante mucho tiempo y sin garantías, como le sucede a Paula. Se supone que era una medida de protección pero en realidad es una promesa vacía.
Claramente la vivienda no es una prioridad para las autoridades españolas. El presupuesto central/federal sobre vivienda está muy por debajo del de la mayoría de los países de la OCDE. La partida de vivienda en el presupuesto de 2016 fue de 587 millones de Euros, menos del 37% de los 1.600 millones presupuestados en 2009. El borrador de presupuesto de 2017, que pronto será aprobado en el Parlamento, reduce dicha asignación un 20% más. Incluso considerando las severas medidas de austeridad impuestas en el país, ninguna otra partida presupuestaria ha experimentado una reducción tan drástica durante los años de crisis económica. En ningún otro país de la OCDE los ingresos familiares se han quedado tan rezagados respecto a los precios de la vivienda. España es también el país de la Unión Europea en el que más ha crecido el gasto familiar en vivienda en la última década.
A pesar de algunas proyecciones macroeconómicas optimistas, la crisis del derecho a la vivienda no ha terminado en España. Con la excepción del País Vasco y de la Comunidad Valenciana, la ley no parte del reconocimiento de la vivienda como un derecho humano. Las políticas públicas tanto a nivel central como autonómico/regional carecen de la necesaria perspectiva de género para abordar las desigualdades estructurales a las que se enfrentas las mujeres a diario. Unas políticas distintas exigirían mayor inversión en vivienda social/protegida pero también, entre otras cosas, la reforma de la ley para que los jueces tengan que analizar la proporcionalidad de un desahucio caso por caso, así como la dotación de una respuesta integral a las víctimas de violencia de género en línea con la Convención de Estambul del Consejo de Europa.
Dicho sin rodeos, los derechos humanos no valen el papel en el que están escritos cuando miles de mujeres, hombres y niños carecen de un sitio al que poder llamar hogar.
Koldo Casla es el autor del informe “La crisis de la vivienda no ha terminado” de Amnistía Internacional.
